La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay y participar del sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La autorización fue otorgada por el juez Diego Amarante, quien además dispuso que el dirigente deposite una caución de 30 millones de pesos como condición para permitir el viaje.
La decisión se da en el marco de la causa que investiga a Tapia por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social, expediente que atraviesa actualmente una etapa clave del proceso.
LA CAUSA ENTRA EN ETAPA DE DEFINICIÓN
Tras finalizar las indagatorias y con los escritos de defensa presentados, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
De acuerdo con el procedimiento judicial, el juez dispone ahora de diez días hábiles para resolver si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito para los imputados.
LA ACUSACIÓN CONTRA LA AFA
La investigación se centra en una supuesta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por parte de la AFA.
Según la acusación, la entidad no habría ingresado en tiempo y forma Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes a la seguridad social correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El monto total involucrado ascendería a 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la AFA actuó como agente de retención, descontando impuestos y aportes a contribuyentes que luego no habrían sido transferidos al fisco dentro del plazo legal.
De acuerdo con el organismo recaudador ARCA, esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos, lo que derivó en la imputación de 69 hechos dentro del expediente.
LA POSTURA DE LA DEFENSA
Los abogados de Tapia y Toviggino rechazaron las acusaciones y sostienen que no existió incumplimiento deliberado.
Durante las indagatorias argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles, lo que, según su interpretación, suspendía la obligación inmediata de pago.
Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.
El tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sostuvo en su presentación judicial que «no existió ardid ni engaño alguno» y que la conducta se ajustó a resoluciones administrativas vinculadas a políticas de alivio y regularización fiscal.
fuente:diariochaco
