lunes, febrero 16, 2026

Luis Caputo apuntó a empresarios: «Bajamos 85% las cargas y nadie festeja»

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó este lunes a las cámaras empresarias por la falta de entusiasmo frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. «Les bajamos un 85% las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!», escribió en su cuenta de X.

El mensaje se dio en medio del debate parlamentario del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados. En paralelo, la CGT se reunirá de urgencia para definir si convoca a un paro nacional contra la iniciativa.

La reforma incluye un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estas medidas reducirían las contribuciones patronales por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante 48 meses.

En términos generales, la cuña laboral -que suma contribuciones patronales y aportes personales- bajaría del 44% al 32% del salario bruto promedio bajo el nuevo régimen, con cargas menores para quienes ingresen al sistema formal.

Caputo remarcó que este punto es «casi lo más importante de la ley» y sostuvo que el recorte debería haber generado una recepción positiva en el sector privado, al abaratar el costo del empleo y fomentar la formalización.

El mensaje fue retuiteado por el presidente Milei, lo que subraya el peso político que el Gobierno le asigna al capítulo laboral. Sin embargo, desde el sector empresario admiten que, más allá del alivio en contribuciones, persisten inquietudes sobre otros aspectos del proyecto y su aplicación práctica, mientras algunos sectores industriales reclaman medidas adicionales para estimular la producción y el crédito.

Según los fundamentos oficiales, la reducción de cargas busca aliviar el costo del empleo formal, mejorar la competitividad frente a países de la OCDE y promover la incorporación de trabajadores a la economía registrada. La falta de respaldo explícito de las grandes cámaras empresariales, no obstante, expone las tensiones entre el Ejecutivo y parte del sector privado en plena discusión legislativa.

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