El Gobierno nacional mantiene en revisión el paquete de reformas estructurales y postergó su envío al Congreso, en medio de diferencias internas y la falta de definiciones políticas sobre su tratamiento parlamentario.
Según explicaron, los cambios en el Código Penal continúan bajo análisis del Ministerio de Justicia, mientras que las modificaciones vinculadas a la propiedad privada siguen en manos de los equipos legales del Ejecutivo. «Todavía falta para que estén terminadas», admitieron desde Nación.
En este contexto, la Casa Rosada prevé una nueva reunión de la mesa política durante la próxima semana para ordenar la estrategia legislativa, aunque aún no hay una fecha confirmada. Incluso persisten dudas sobre el recorrido que tendrá el paquete dentro del Congreso. «Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa», señalaron.
Uno de los puntos de tensión gira en torno a la cámara por la que debería ingresar la reforma penal. Si bien inicialmente se había acordado que comenzará su tratamiento en el Senado, sectores del oficialismo ahora ponen en duda esa decisión. «Patricia Bullrich quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados», indicaron fuentes internas, en referencia a la puja por el protagonismo en el debate.
En paralelo, el Ejecutivo tampoco cuenta con un borrador final de las reformas sobre propiedad privada, que en principio serían enviadas a la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem. El proyecto apunta a reducir la intervención estatal y brindar mayores garantías a los inversores, en línea con la política de desregulación impulsada por el Gobierno.
Entre las modificaciones en estudio se incluyen cambios en la ley de expropiaciones para acotar la definición de utilidad pública, una revisión de la normativa sobre tierras rurales para flexibilizar la compra por parte de extranjeros y ajustes en el régimen de manejo del fuego, con el objetivo de habilitar modificaciones en el uso del suelo en zonas afectadas por incendios. También se evalúan cambios en el esquema de integración socio-urbana de barrios populares para limitar herramientas expropiatorias.
Mientras tanto, la prioridad del oficialismo está puesta en la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y se encuentra en tratamiento en Diputados. La Cámara baja convocó a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, con instancias presenciales, virtuales y presentaciones por escrito o video, ante la alta cantidad de inscriptos.
Este proyecto se convirtió en el frente más sensible del paquete, al conjugar intereses económicos con impacto ambiental. En el Ejecutivo buscan avanzar con esta discusión antes de abrir nuevos frentes en simultáneo, por lo que la estrategia legislativa se orienta hacia un esquema escalonado.
