ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones) eliminó las regulaciones que imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable. Anteriormente, los aumentos estaban limitados a un rango mensual del 5% al 10%, pero ahora esta restricción fue levantada y serán las empresas quienes podrán fijar los precios que consideren adecuados.
La decisión fue tomada por los interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, y se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anula el DNU 690/2020. Este último decreto había declarado los servicios de telecomunicaciones como públicos esenciales y estratégicos, otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.
La nueva normativa entrará en vigencia el día de su publicación, por lo que impactará en las tarifas a partir de julio.
Los considerados señalan que «los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
Y agrega: «Surge de los propios considerandos del DNU N° 302/2024 que «…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente» y que «…el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados«.
Dicho DNU consideraba: «Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida (…)».
