Referentes del arco gremial docente del Chaco se concentraron en la sede del INSSSEP, ubicada sobre avenida 9 de Julio al 300 de la ciudad de Resistencia, y marcharon hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reclamo por la cláusula gatillo, pero primero hicieron una presentacion en dicho organsimo pidiendo la restitución urgente de servicios y programas de salud.
En el marco de la movilización, los sindicatos elaboraron un comunicado oficial dirigido a los jueces del máximo tribunal provincial, en el que manifestaron su inquietud por la causa judicial donde se discute el restablecimiento del mecanismo de actualización salarial. El documento lleva las firmas de ATECH, Federación Sitech, AMET, ACHABI, UTRE, SADOP, CTA Autónoma, APTASCH–FESPROSA y ATE.
«No escapará a ustedes que uno de los temas actuales que preocupa al conjunto de los trabajadores docentes es el restablecimiento de la cláusula gatillo, y en este sentido, podemos expresar nuestra preocupación por la tramitación de la causa judicial en la que se discute el restablecimiento de la misma», señalaron.
En esa línea, advirtieron: «Vemos con preocupación que el Procurador General haya dictaminado durante la feria judicial. Si bien no fue su única decisión, ya que no corrió ningún plazo procesal, además de que sostiene que la Cámara no tiene una defensa del Estado referida a que la cláusula debe estar dispuesta por ley, cuando sí lo hizo, pero no consideró válido el argumento y dio sus razones».
Los gremios aclararon además: «No queremos ingresar en el cuestionamiento formal de su decisión, porque eso sería objeto de discusión en el juicio en cuestión. Sí nos permitimos manifestar nuestra preocupación mencionada. Asimismo, expresar el profundo deterioro que afrontan los trabajadores y trabajadoras que representamos en sus condiciones de trabajo, en momentos socialmente muy complejos para el país y la provincia, lo que se ve agravado en los últimos años, en los que la negociación colectiva es inexistente por decisión de la actual gestión».
En el documento sostuvieron también que «todo esto provoca graves daños a las instituciones democráticas y, consecuentemente, a nuestros representados, generando mucho descontento porque tanta frustración no puede ser canalizada por los mecanismos de pacificación existentes, alterando la convivencia social».
Más adelante, plantearon el marco legal del reclamo: «Sabemos que existen normas internacionales del trabajo que protegen al salario, y que una medida como la que tomó el Poder Ejecutivo, de dejar de abonar de un día para el otro un mecanismo de actualización salarial como la cláusula gatillo —sin intentar siquiera justificarla, limitándose a excusarse en cuestiones financieras que tampoco probó en el juicio— no es admitida por los organismos internacionales que interpretan el alcance que tienen esas normas, y que nuestra Corte Suprema así también lo entiende».
Asimismo, remarcaron: «Conocemos profundamente nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, y representantes sindicales, como el de huelga y negociación colectiva, y fue a través de las mismas que se consiguió que la cláusula gatillo se pagara desde 2019, por lo que existe un derecho que ya no se puede quitar, más allá de la implementación o no por ley provincial. Sin embargo, dejó de abonarse de un momento a otro, pese a las continuas promesas de campaña en sentido contrario».
En relación con la presentación ante la Justicia, explicaron: «Entendemos que los derechos que nos competen —como de expresión, petición y representación— podemos ejercerlos por esta vía, logrando establecer un diálogo institucional con los jueces y juezas del Superior Tribunal, intercambiando opiniones y logrando establecer mecanismos de interlocución que no son otra cosa que instrumentos de pacificación social».
También advirtieron que «la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, más la negación del diálogo, solo acrecientan los conflictos sociales, y es lo que pretendemos evitar, procurando un futuro mejor para nuestros representados y, por supuesto, para nuestra provincia, en el entendimiento de que está en discusión el acceso al derecho social a la educación, y que su profundo deterioro afecta a las y los alumnos, ni más ni menos que el futuro de la Nación».
Por último, solicitaron que «se tome nota de nuestra preocupación, y se nos conceda una reunión a la mayor brevedad posible con los jueces y juezas del Superior Tribunal, a fin de establecer un diálogo personal tan necesario para la salud de las instituciones democráticas de nuestra provincia».
PRESENTACIÓN EN EL INSSSEP
Los gremios también reclamaron al INSSSEP la restitución urgente de servicios y programas de salud. El reclamo fue elevado al presidente del INSSSEP, Dr. Rafael Meneses, y al directorio del organismo. En el documento exigieron la restitución inmediata de prestaciones, programas y medicamentos que, aseguran, fueron recortados durante la actual gestión.
Los representantes sindicales reconocieron que la obra social atravesó dificultades en distintos momentos de su historia, pero remarcaron que la situación actual no tiene precedentes. «Que la situación de nuestra obra social haya tenido dificultades en distintos tiempos a lo largo de su historia es cierto, pero la verdad irrebatible es que jamás, desde sus inicios, ha llegado a una situación tan crítica al punto de poner en serio riesgo la vida misma de los afiliados, como está sucediendo de un tiempo a la fecha», advirtieron.
Uno de los puntos más sensibles del planteo tiene que ver con el fondo de alta complejidad. Según denunciaron, a los afiliados se les aplicó «el doble de descuento de aporte», sin que eso se traduzca en mejoras. Por el contrario, sostienen que la situación se agravó.
En ese sentido, expusieron el caso de pacientes internados fuera de la provincia: «Los familiares de enfermos internados en el Hospital Italiano de Buenos Aires se hacen presentes frente al organismo semana a semana reclamando se garantice la continuidad de sus efectivos tratamientos en dicho hospital», indicaron, y cuestionaron que desde la presidencia del INSSSEP se rechace ese pedido «argumentando que se les ofrecen ‘alternativas’ en otros centros de salud, cuando el requerimiento de las familias tiene base en la imperiosa necesidad de la continuidad en el mismo hospital y con los mismos profesionales médicos».
Entre los reclamos centrales, exigieron «la inmediata restitución del plan cardio, del plan diabetes, de la totalidad de medicamentos y de los más onerosos que silenciosamente han venido quitándonos del Vademécum de medicamentos del INSSSEP».
Asimismo, pidieron que el organismo ejerza su autonomía financiera: «Reclamamos que el INSSSEP haga valer su autarquía y autonomía para reclamar los fondos que le pertenecen al Ministerio de Economía de la provincia, con el consiguiente reclamo de los fondos de ANSES que sistemáticamente deben llegar para el organismo».
Los gremios enmarcaron la crisis de la obra social en la situación económica general de los trabajadores estatales. «La situación de los trabajadores estatales de todos los sectores atraviesa una crisis extraordinaria, con congelamiento y reducción inclusive de los salarios, con una pérdida del poder adquisitivo de más de un 25% de arrastre del año 2025 por la política de ajuste brutal que lleva adelante el gobierno provincial», afirmaron, y agregaron que esto «se agrava con la quita de servicios de nuestra obra social lisa y llanamente».
Finalmente, solicitaron una instancia de diálogo urgente con las autoridades del organismo: «Por lo expuesto hasta aquí y por mucho más, solicitamos una audiencia con carácter de urgente al directorio del INSSSEP a través de su presidencia».
