El oficialismo alcanzó un acuerdo con sectores de la oposición y convocará a una sesión especial el jueves 12 en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad.
El entendimiento se terminó de cerrar en una reunión encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, junto a los jefes de los distintos bloques.
Según el cronograma acordado, el miércoles previo se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, donde se firmará el dictamen. El despacho de mayoría que el oficialismo había logrado el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite deberá iniciarse nuevamente, aunque fuentes parlamentarias aseguraron que se respetarán los consensos alcanzados en aquella instancia.
El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pero durante el debate legislativo de 2024 los bloques aliados —PRO, UCR, Coalición Cívica e Innovación Federal— presionaron para fijar el límite en 14. Esa postura será nuevamente sostenida por el PRO y la UCR, lo que permitió destrabar el avance de la iniciativa.
Otra de las claves del acuerdo fue la incorporación de un apartado presupuestario, a pedido de los gobernadores. Las provincias habían reclamado que el mayor gasto que implicará la aplicación del nuevo régimen sea financiado por la Nación. Tras la negociación, la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios específicos para cubrir esa diferencia.
El nuevo Régimen Penal Juvenil establecerá los 14 años como edad mínima de punibilidad y fijará una condena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de la libertad será considerada un recurso excepcional y se priorizarán sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima, reparación del daño, monitoreo electrónico y otras medidas no privativas.
Además, el proyecto prevé la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantías de educación, atención médica y tratamiento de adicciones, y con personal capacitado en infancia y adolescencia. También contempla programas educativos, asistencia psicológica y abordajes específicos para situaciones de violencia familiar, salud mental y consumo problemático, siempre bajo supervisión judicial y con intervención del Ministerio Público Fiscal y las víctimas.
fuente:diariochaco
