El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una iniciativa que busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, simplificar trámites y promover el uso de los ahorros no declarados, conocidos popularmente como los «dólares del colchón».
La norma introduce cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de reducir la carga administrativa y orientar los controles hacia casos de evasión grave y comprobada. Desde el oficialismo aclararon que la ley no establece un blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto, aunque apunta a que los argentinos puedan utilizar ahorros de hasta $ 100 millones sin riesgo de persecución fiscal automática.
NUEVOS UMBRALES PARA LA EVASIÓN
Uno de los puntos centrales es la actualización de los montos que determinan cuándo una infracción pasa del plano administrativo al penal. La evasión simple se configura a partir de $ 100 millones, mientras que la evasión agravada eleva su umbral mínimo a $ 1.000 millones, frente a los $ 15 millones vigentes hasta ahora. En casos con estructuras que dificultan identificar al responsable, el piso sube a $ 200 millones, y cuando se utilizan facturas o documentación apócrifa, la evasión agravada se configura desde $ 100 millones.
Especialistas remarcaron que no todo monto que supere esos pisos constituye automáticamente evasión, ya que también debe acreditarse la intencionalidad de incumplir obligaciones impositivas.
DIEZ CLAVES DE LA LEY DE INOCENCIA FISCAL
Principio de inocencia fiscal: el contribuyente se presume cumplidor hasta que se demuestre lo contrario.
Cambios penales: se actualizan montos por inflación y se limita la denuncia penal a casos con pruebas claras.
Extinción de la acción penal: si prescribe la facultad del fisco para reclamar el tributo, también cae la causa penal.
Penas específicas: prisión de dos a seis años por simulaciones de pago con documentación falsa.
Actualización anual: los montos se ajustarán cada año según la variación de la UVA, desde 2027.
Reformas procedimentales: se reducen plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores (de cinco a tres años).
Menos multas para personas y pymes: descuentos de hasta el 90% en sanciones administrativas.
Ganancias simplificado: régimen opcional para personas humanas con ingresos de hasta $ 1.000 millones.
«Dólares del colchón»: no hay blanqueo, pero se reduce el riesgo de fiscalización automática por incrementos patrimoniales.
Modernización fiscal: el impacto dependerá de la incorporación de tecnología en la administración tributaria.
