La Corte Suprema de Justicia incorporó a la jueza chaqueña Rocío Alcalá y al magistrado mendocino, Gustavo Castiñeira, como conjueces para intervenir en el crimen de Julieta González, asesinada en 2016 en la provincia de Mendoza: los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán determinar si corresponde aplicar la figura de femicidio a la causa, lo que implicaría la pena perpetua para el asesino de la joven, Andrés Di Césare.
En el máximo tribunal del país prevén que haya una votación dividida: al ser solo tres miembros, si no llegan a una decisión unánime necesitan sumar conjueces para llegar a los tres votos necesarios y desempatar la votación. En este sentido, Alcalá, jueza federal de Resistencia, fue seleccionada por sorteo junto a Castiñeira, juez federal de Mendoza.
Ambos magistrados ya fueron notificados y tendrán un rol clave: intervendrán como desempate en caso de que los jueces del máximo tribunal mantengan posiciones contrapuestas, lo que convertiría su voto en decisivo para la calificación legal del crimen.
EL CASO
Di Césare fue, condenado inicialmente por homicidio simple a 18 años de prisión por el asesinato de González, de 21 años, pero en 2021, la Sala Segunda de la Corte de Mendoza modificó esa calificación y elevó la pena a prisión perpetua al considerar que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género.
La reconstrucción judicial determinó que González fue vista por última vez el 21 de septiembre de 2016 y que su cuerpo apareció seis días después, atado de pies y manos, en una zona montañosa cercana al penal de Almafuerte. La investigación reveló pruebas que vincularon a Di Césare con el crimen, entre ellas restos de piel del acusado bajo las uñas de la víctima, sangre en su vehículo y registros de telefonía que ubicaban a ambos en el mismo sitio la noche del hecho.
Durante el juicio, el tribunal penal mendocino descartó el agravante de femicidio, al considerar que no existía una relación de parejaformal ni elementos suficientes para sostener la violencia de género como móvil. Sin embargo, la revisión posterior amplió la pena al analizar la asimetría de poder y la forma en que fue encontrada la víctima.
Ante esta desición, la defensa del acusado interpuso diversos recursos y el proceso llegó al ámbito nacional a través del recurso de casación horizontal, que condujo la causa a la Corte Suprema. De esta manera, Alcalá y Castiñeira tendrán a su cargo desempatar la votación si persiste la división entre los ministros del tribunal.
