El drama del fentanilo contaminado tiene un costado hasta ahora poco visibilizado: los casos pediátricos. De las 122 víctimas incluidas en la investigación judicial —entre pacientes fallecidos y sobrevivientes infectados— al menos siete son niños. Dos de ellos murieron en Rosario.
La nómina de víctimas surge del expediente que tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, donde esta semana comenzaron las indagatorias a los 17 imputados por la producción del fármaco adulterado en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Entre ellos figura Ariel García Furfaro, dueño de ambas compañías y principal acusado.
El escándalo estalló en mayo, cuando el Hospital Italiano de La Plata reportó nueve muertes asociadas a un brote de neumonías resistentes a antibióticos. Luego se comprobó que las víctimas habían recibido ampollas de fentanilo contaminado. En ese primer registro, todos los pacientes eran adultos. El más joven, Renato Nicolini, tenía 18 años.
Poco después trascendió que en Santa Fe también había pacientes pediátricos afectados, en hospitales de Rosario y la capital provincial. Allí los médicos utilizaron el opiáceo como sedante en distintas patologías, sin saber que las dosis estaban contaminadas. El pedido de imputación de la Fiscalía incluye además chats de empleados que exponen las irregularidades en la producción de los lotes.
Hoy se sabe que entre las víctimas santafesinas hubo al menos cinco niños atendidos en el Sanatorio de Niños de Rosario: dos murieron y tres sobrevivieron, aunque con secuelas graves. Los casos no fueron incluidos en el Boletín Epidemiológico Nacional, que solo registra 69 afectados (51 muertes) en Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad.
En Córdoba, dos chicos siguen luchando. Giovanni, un bebé que nació en febrero, permanece internado aunque su familia afirma que «está mejor» y pronto podría ser trasladado. Y Catalina, de 11 años, estuvo 51 días internada tras recibir fentanilo contaminado durante una crisis asmática: los médicos advierten que tendrá secuelas permanentes.
Las historias clínicas de los menores forman parte del expediente, pero sus nombres permanecen bajo reserva. Las familias mantienen silencio y en algunos casos denuncian dilaciones en la entrega de información por parte de los centros de salud. El Grupo Oroño, propietario del Sanatorio de Niños y de otros establecimientos donde se aplicaron ampollas contaminadas, pidió ser aceptado como querellante, aunque la Justicia aún no lo resolvió.
