Tras el escándalo por las presuntas coimas, la autarquía financiera pasará a la órbita del Ministerio de Salud.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
El Gobierno nacional decidió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la filtración de audios de su extitular, Diego Spagnuolo, en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida concreta del Ejecutivo tras los avances de la Justicia en la causa.
Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada quitará a la ANDIS la autarquía financiera para que ya no pueda definir sus compras y contrataciones de manera directa. De ahora en adelante, esas decisiones quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud y deberán realizarse a través del Sistema Electrónico de Contrataciones (Compr.ar), supervisado por la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ANDIS fue creada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con autonomía económica y capacidad de establecer su propio régimen de contrataciones. Esa estructura ahora será modificada con el objetivo de «centralizar el control» y reforzar la transparencia, indicaron en Balcarce 50.
El cambio se impulsa tras los audios de Spagnuolo, en los que señalaba irregularidades en la contratación de la droguería Suizo Argentina, empresa que también está bajo investigación judicial. La causa ya incluye allanamientos y el secuestro del celular del exfuncionario.
La intervención de la ANDIS, a cargo de Alberto Vilches, inició una auditoría sobre todas las licitaciones, compras directas y órdenes excepcionales. El Ejecutivo aseguró que presentará a la Justicia la documentación que surja de esa revisión y advirtió que, si se comprueban irregularidades, «todos los implicados serán apartados».
El organismo maneja un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados, según el último informe del INDEC. La mayor parte de esos fondos se destina a seguridad social ($3,1 billones) y a salud ($556.000 millones).
Impacto político
En la Casa Rosada califican el caso como «el peor escándalo» de la gestión y admiten que generó un parate interno en plena antesala electoral. Mientras un sector oficialista acusa a Spagnuolo de «mentiroso» y niega cualquier vínculo de Karina Milei con el exfuncionario, otros reconocen preocupación por la información que pueda aportar ante la Justicia y por su efecto político.
Respecto a la filtración de los audios, el Gobierno descarta que se trate de una intervención judicial del celular de Spagnuolo y sostiene que las grabaciones habrían sido realizadas por alguien de su entorno de confianza.
Fuente:diariochaco
