El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) separó del cargo a la directora de la Unidad de Gestión Local XIII en Chaco, Silvia Arolfo, y designó formalmente a Alejandro Exequiel Alloatti como nuevo titular. La resolución fue firmada por el director ejecutivo del organismo.
Según la biografía publicada por el Municipio de Resistencia, Alloatti es abogado y docente, especialista en derecho administrativo y maestrando en derecho constitucional por la universidad Austral. El mismo se desempeñaba hasta el momento como Subsecretario de Fiscalización Urbana del municipio.
El nombramiento se da en medio de denuncias recientes sobre presuntos pedidos de coimas en el PAMI local, aunque hasta el momento Arolfo no había sido vinculada a las denuncias.
La investigación por presuntas coimas comenzó con un allanamiento en una agencia de viajes el día jueves por la tarde.
Seguidamente, en la mañana del viernes, el coordinador administrativo de la Delegación Chaco de PAMI, Alfredo Moreno, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al allanamiento realizado.
Aclaró que el procedimiento está vinculado a viajes contratados el año pasado, pero remarcó que «todo está documentado» y que las contrataciones se realizaron mediante licitaciones que son definidas en Buenos Aires, no en la provincia.
En otro tramo, Moreno apuntó contra el Colegio Médico del Chaco y su presidente, Santiago Romero, al señalar que desde su gestión se detectaron «falencias, fallas y sobreprecios», e incluso pagos dobles por servicios a beneficiarios. Según detalló, el Colegio percibe mensualmente unos 400 mil millones de pesos por cápitas, destinados a cubrir internaciones, cirugías y especialidades. «Nos metimos en la caja de este organismo, y de ahí salen denuncias sin fundamentos», sostuvo.
LA RESPUESTA DEL COLEGIO MÉDICO
El presidente del Colegio Médico de Chaco, Santiago Romero, salió a responder las acusaciones del coordinador de PAMI, Alfredo Moreno, quien horas antes había señalado supuestas irregularidades en la atención a los afiliados. Romero negó de plano la existencia de doble facturación y explicó que, en los casos en los que no pueden cubrir la demanda, los pacientes son derivados a otros sanatorios que facturan directamente al PAMI, con el correspondiente descuento al Colegio. Además, recordó que la institución cedió 8.000 cápitas al organismo para su distribución.
Romero consideró «muy graves» las declaraciones de Moreno y lo desafió a presentar pruebas ante la Justicia en caso de sostener denuncias de sobreprecios o estafas. Aclaró que nunca realizaron denuncias personales contra las autoridades de PAMI y que solo fue citado como testigo en una causa que involucra a Moreno. «Si alguien dijo que es un nido de corruptos, lo va a tener que probar», advirtió, y rechazó también las afirmaciones sobre pacientes fallecidos en ambulancias. «No vamos a dejar que manoseen una institución que fue ejemplo durante años», concluyó.
