Libre elección de obra social: extienden hasta diciembre el plazo para confirmar la afiliación

El trámite digital para declarar la voluntad de permanencia en obra social seguirá habilitado hasta diciembre. Buscan que cada persona conserve el control sobre sus aportes y su cobertura médica.

La Superintendencia de Servicios de Salud prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que trabajadores en relación de dependencia, personal doméstico y monotributistas ejerzan su derecho a elegir la obra social que administre sus aportes. La medida, oficializada este jueves a través de la Resolución 1608/2025, busca asegurar que la decisión sobre la cobertura de salud sea voluntaria, informada y respetada.

El sistema habilita a partir de ahora el trámite «Voluntad de Permanencia en Obra Social» en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), mediante el cual cada beneficiario puede manifestar si desea seguir afiliado a su actual obra social, incluso si en algún momento contrató un plan de medicina prepaga. En caso de no hacerlo, sus aportes se derivarían automáticamente a la entidad contratada.

El objetivo de la prórroga es garantizar el principio de libre elección, pilar del sistema de salud argentino. La normativa subraya que los aportes y contribuciones no son un impuesto más, sino salario diferido del trabajador, y que su destino debe responder a un fin prestacional concreto y no a intereses corporativos ni automatismos administrativos.

Además, se incorporó un nuevo artículo que exime a los beneficiarios alcanzados por el procedimiento de derivación automática del requisito de permanencia mínima de 12 meses en la obra social que haya recibido sus aportes. Es decir, podrán cambiar de entidad sin esperar ese plazo, reforzando así su autonomía.

«El respeto por la voluntad de los afiliados es condición esencial para fortalecer la confianza en el sistema», señala la resolución. En línea con ese principio, la norma exige que el sistema electrónico garantice autenticación segura con CUIT y clave fiscal, así como un uso claro y accesible.

La decisión también apunta a corregir desigualdades de acceso a la información y herramientas digitales, que en muchos casos condicionan el ejercicio pleno del derecho a elegir.

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