Lo informó el Ministerio de Justicia y será por un plazo de 3 meses. «La Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas», expresaron.
El Gobierno decidió postergar por un plazo «excepcional e improrrogable» de tres meses la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal y en la justicia en lo penal económico, cuya implementación estaba prevista para el 11 de agosto.
Según un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, la medida responde a «reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción». Sin embargo, esta fundamentación generó una ola de protestas entre los fiscales, que se sintieron señalados como incapaces y sostienen que el verdadero problema es la falta de recursos.
Desde Comodoro Py, varios fiscales expresaron su indignación. Uno de ellos afirmó: «Es inaudito. Se suspende por falta de recursos, no porque no estemos preparados. Nosotros llevamos adelante las investigaciones más complejas. Investigamos y logramos condenas contra un vicepresidente y una presidenta por corrupción, y hoy llevamos adelante causas clave como la de los cuadernos de las coimas». El malestar radica en que, más allá de las deficiencias materiales, consideran que el Ministerio de Justicia pone en duda su capacidad técnica sin asumir las falencias presupuestarias y logísticas.
El comunicado oficial, firmado por la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona, sostiene que «la transformación cultural iniciada es irreversible» y que «el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma». A su vez, se señala que «la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas», en un tono que contrasta con el diálogo que venían manteniendo el Ministerio con la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, en el marco del proceso de implementación del nuevo código.
Desde el Ministerio aseguraron que han brindado «asistencia técnica, financiera e institucional» desde el inicio del proceso, pero los fiscales replican que no recibieron los insumos básicos que solicitaron: computadoras, personal y mejoras edilicias. El comunicado agrega que «durante años hubo desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial», lo cual contribuyó a demorar la aplicación de una norma que, afirman, «acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional».
El fragmento que más irritación provocó en el ámbito judicial fue aquel que reiteró que la postergación se debe a «la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos», un señalamiento que los fiscales consideran injusto y despectivo. A modo de aclaración, el ministerio difundió luego un segundo texto en el que se afirma que «la decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado».
Según lo informado oficialmente, el nuevo sistema acusatorio comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de noviembre de 2025. Se mantiene sin cambios el cronograma previsto para las demás jurisdicciones, y se remarca que «la implementación del sistema no admite retrocesos».
Actualmente, el Código ya se encuentra operativo en Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, General Roca, Comodoro Rivadavia y Río Negro. El nuevo modelo procesal se basa en la centralidad de los fiscales como responsables de la investigación, reduce el papel de los jueces en el proceso, introduce la oralidad con audiencias públicas y elimina el expediente en papel.
