El fiscal Carlos Amad, en contacto con Diario Chaco , se refirió a la investigación que inició el año pasado a partir de una denuncia por pensiones truchas en la localidad de Taco Pozo donde tras una ardua investigación se comprobó que una serie de irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez. En agosto de este año finalizaron las indagatorias a cerca de 14 imputados por gestionar pensiones por invalidez de manera ilegal en la localidad de Taco Pozo. Finalizado el proceso el juez que entiende en la causa deberá definir la situación procesal de ellos.
Por otro lado, señaló que a raíz de lo que pasó en Taco Pozo solicitó un informe a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para saber la situación en otras localidades incluidas Sáenz Peña, con en un total de aproximadamente 23.206 pensiones más.
«Se trata de otra causa donde también se está investigando qué participación tienen diferentes actores, obviamente que hay que mirar legajo por legajo», señaló el fiscal Amad agregando que «ahora se está haciendo un relevamiento de esos datos y una vez que tengamos todos los datos relevados, las auditorías y demás, seguramente vamos a hacer lo que tenemos que hacer». Además, mencionó que «la provincia del Chaco fue pionera en este tipo de investigaciones, pues somos los que más avanzados estamos procesalmente hablando respecto de una causa de este calibre».
También señaló que a partir de este trabajo «se fueron abriendo otras investigaciones en otras provincias, lo cual obviamente hace que los tiempos sean un poco más largos, porque quien tiene que auditar esto es precisamente ANDIS y no sé si esta repartición estará o tendrá la capacidad operativa para para revisar todo este cumulo de información». Por último, el fiscal federal de Sáenz Peña indicó que «luego de esta investigación se van realizando auditorías y en estos últimos días ha salido que han dejado sin efecto doscientas mil pensiones también por irregularidades».
IMPUTADOS
La trama gira en torno a la presunta participación del intendente Carlos Ibáñez y el médico Marcos Rojas, antiguo Director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, siendo en total 9 los imputados por la causa de defraudación contra la administración pública. Además de Rojas e Ibáñez, los sospechosos hasta el momento son: Miguel Ángel Bilinski, Rafael Lenin Azañero Anaya, María Estela Luna, Florencia Carolina Angélica Jaimes, Yanina Del Valle Maza, Marcela Patricia Peralta y Eva Caro; todos ellos con domicilio en Taco Pozo.
