«Tras cobrar fuerza la hipótesis de criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña», el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán; y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, funcionarios a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), aceptaron la competencia para investigar la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el jueves 13 de este mes.
«Debemos señalar que, de las constancias oportunamente acompañadas, habían surgido indicadores que daban cuenta de la necesidad de agotar ciertas vías probatorias y adoptar aquellas medidas que permitan descartar la mayor cantidad de hipótesis criminales posibles. En esa línea, y más allá de la falta de determinación de una concreta hipótesis delictiva federal en el caso, de lo expresado por la jurisdicción declinante resulta innegable que, en el marco de la investigación llevada a cabo, han cobrado fuerza hipótesis relacionadas con la criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña», sostuvieron los fiscales federales en el dictamen donde aceptan la competencia del caso.
Ahora, se espera que en las próximas horas, la jueza federal Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, emita una resolución donde formalmente la causa pase al fuero federal. Se descuenta que será así porque la magistrada ayer se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con representantes del Comando Unificado de Fuerzas Federales.
Además, personal del juzgado digitalizó de todo el expediente que hasta el lunes pasado se tramitó en el Ministerio Público Fiscal de Corrientes y en el Juzgado de Garantías de Goya, a cargo del magistrado Darío Ortiz.
«La declinatoria dispuesta [por la justicia provincial] posibilitará finalmente a esta jurisdicción el acceso a la totalidad de los elementos colectados durante la investigación [de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry], de los que se obtuvo copias parciales hasta la fecha 24 de junio, así como la dirección unificada de los recursos federales que se afectaran a la pesquisa provincial, que ahora se declina; evitando la duplicación y/o superposición y/o entorpecimiento de las respectivas investigaciones; todo lo que permite concluir que la postura que se propicia, en definitiva, es la que mejor se aviene con el criterio indiscutido que, en la solución de cuestiones de competencia, debe atenerse a las exigencias de economía», sostuvieron De Guzmán, Mángano y Colombo en su dictamen.
En el último punto del documento, los representantes del Ministerio Público explicaron que la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo deberá requerirle a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, conducida por el fiscal Castillo, que remita «las actuaciones y soportes probatorios que se encuentren pendientes de envío y, por otra parte, se disponga la formación de un legajo para unificar y simplificar el procesamiento de la información aportada a través de las denuncias recibidas en las líneas habilitadas a tal fin».
Se sabe que el expediente y la investigación entrarán, ahora, en una etapa de análisis exhaustivo y, sobre todo, de confidencialidad. Se hará un repaso de todo lo actuado hasta ahora, se continuará con los rastrillajes para intentar encontrar a Loan y los efectivos del Comando Unificado de Fuerzas Federales, revisarán pruebas las pruebas existentes y producirán nuevas.
Ayer ya estaban trabajando activamente los equipos de peritajes, investigaciones, cibercrimen, trata de personas y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).
«Hemos decidido, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, el juzgado y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. Porque a esta altura, luego de 12 días de una primera investigación de la Justicia provincial basada fundamentalmente en el acompañamiento de la policía de la provincia y apoyo de las fuerzas federales, pero basada primero en un rastrillaje y recién después en un posible secuestro, cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación. Así que van a ser días difíciles, porque la investigación va a ser confidencial, incluso con sanciones muy fuertes a aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de Loan», adelantó este martes Bullrich.
