El diputado provincial, Santiago Pérez Pons acompañó el amparo realizado por un grupo vecinal a la Municipalidad y el Gobierno provincial, debido a los 59 días de suspensión del servicio de transporte público en Sáenz Peña.
La demanda, presentada ante el Tribunal competente representado legalmente por Mauricio Masin, busca garantizar el restablecimiento inmediato del servicio público de pasajeros y el pago de salarios a los trabajadores de la empresa San Roque S.R.L.
«A pesar de algunos escasos acercamientos y diversas declaraciones mediáticas, que incluyeron afirmaciones del gobernador Leandro Zdero, en las que aseguró que «no puede ser que el Estado siempre esté garantizando», lo cierto es que tanto el municipio como la provincia fracasaron en tomar medidas concretas para resolver la situación, sostuvo el legislador.
La falta de acción no solo ha dejado a los usuarios sin una solución viable, sino que ha profundizado la crisis del transporte en la ciudad.
«La inacción del Gobierno es preocupante. Desde hace más de 50 días que en la segunda ciudad de nuestra provincia no hay transporte, con la gravedad que esto representa para la comunidad, la economía local y el desarrollo, y aún no hay respuestas», señaló el legislador provincial.
En ese sentido, apoyó la iniciativa comunitaria, que fue acompañada por los concejales locales del Frente Chaqueño y advirtió que «la organización de los vecinos será clave en este período».
«Lamentablemente, cuando se tiene una gestión que le da la espalda a la gente, es necesario iniciar procesos judiciales. Acá no se trata de lo que quiere una empresa, ni el intendente o el gobernador, sino que está la gente en el medio», advirtió Pérez Pons.
La acción de amparo aceptada, fundamentada en la Constitución Nacional y Provincial, así como en la Ley N° 877-B, busca no solo restablecer el servicio de transporte de manera inmediata, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de las autoridades en garantizar servicios públicos esenciales y proteger los derechos de la ciudadanía.
Los solicitantes exigieron una medida cautelar para el restablecimiento del servicio en un plazo máximo de 24 horas, así como la convocatoria a una audiencia entre las partes involucradas, para encontrar una solución definitiva al problema y garantizar el pago de salarios adeudados a los trabajadores, quienes no han recibido su remuneración completa desde marzo de 2024.
En este contexto, Pérez Pons mencionó que «es fundamental para visibilizar e instar a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para resolver la crisis del transporte público en la ciudad termal».
«Este problema no es nuevo, los trabajadores están sufriendo el mal manejo administrativo del Municipio que lleva un total de 59 días sin servicio hasta la fecha», aseguró el legislador.
A su vez, destacó que «la interrupción del servicio no solo viola el derecho al transporte, sino que también afecta otros derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, como el derecho al trato digno y equitativo y la protección de intereses económicos de los consumidores».
MARCO LEGAL
La acción de amparo realizada se encuentra basada en los artículos 19 y 47 de la Constitución del Chaco, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, y la Ley N° 877-B, las cuales facultan a los ciudadanos a interponer acciones para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
De esta forma, los demandantes argumentan que el amparo es el medio judicial más idóneo para resolver esta situación de manera expedita y eficaz, dada la gravedad de la omisión por parte de las autoridades públicas.
