La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo y, con ello, quedó firme la condena impuesta a Élida Mambrín a 15 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Chaco.
A través de la asociación civil «No Me Olvides», Mambrín reclutó a unas 70 mujeres entre marzo de 2018 y marzo de 2020, y las obligó a tener relaciones sexuales con funcionarios, a cambio de planes sociales. Su marido, Rolando «Kilo» Vallejo, presidente de esa entidad, había sido el principal imputado de la causa, pero con el pedido de captura se suicidó en mayo de 2020.
La investigación se inició en marzo de 2020 a raíz de la declaración de cuatro mujeres ante la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco . En esa oportunidad, denunciaron que un grupo de 70 mujeres habrían sido víctimas de los responsables de la asociación civil No Me Olvides.
Según la investigación, las víctimas tomaban conocimiento de la existencia de la asociación a través de otras mujeres ya becadas y de publicidad y avisos radiales que detallaban la dirección del lugar. Una vez que enviaban sus currículums, eran entrevistadas por Vallejos y Mambrín. En la selección tomaban en cuenta su apariencia física, situación sentimental y familiar. Se les indicaba que debían cuidar su imagen y estar siempre arregladas porque trabajarían para políticos.
Las chicas con estas características pasaban a formar parte de la asociación como socias activas, tenían que realizar un aporte de una cuota mensual de 300 pesos, que era para el pago del alquiler del local.
Los relatos de las víctimas coinciden en que al prestar funciones en la sede de la asociación eran acosadas y abusadas.
Varias de ellas señalaron que tanto Vallejo como Mambrín les hacían chistes con contenido sexual, tratándolas como sus amantes y les hacían preguntas específicas sobre la situación sentimental en la que se encontraban.
Además señalaron que les hacían exigencias sobre su vestimenta y apariencia, que les pedían que usen ropas «seductoras y llamativas», que fueran maquilladas y que les exigían que no aumentaran de peso. También aseguraron que Vallejo y Mambrín las tocaban, por ejemplo, cuando pasaban a su lado.
Agregaron que eran «exhibidas» a distintos hombres, a quienes eran ofrecidas como secretarias. Para ello, las hacían «pasear» en la camioneta de la asociación y las trasladaban a las oficinas del Correo Argentino, de Vialidad y distintas áreas del gobierno, para mostrarse ante funcionarios públicos. En esas circunstancias debían mostrarse «dando la vuelta».
Asimismo, y particularmente con el ex subsecretario de Transporte , señalaron que el ofrecimiento de chicas era a cambio de dinero, vales de nafta y vehículos para la asociación.
De acuerdo con la acusación que llegó a debate, todos esos mecanismos operaban manipulando a las mujeres como un bien disponible para sus propósitos. Cuando las víctimas no querían acceder a estos ofrecimientos, los imputados trataban de convencerlas diciéndoles que ese dinero les iba a servir para sus familias. De esta manera, algunas fueron obligadas a prostituirse por la necesidad de mantener la beca, debido a que era el único ingreso económico que tenían.
La acusación detalló que Vallejo y Mambrín se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encontraban esas mujeres así como de la concesión de beneficios –las becas, motos o departamentos- para obtener el consentimiento de aquellas para mantener encuentros sexuales con los «amigos» de Vallejo. Una de las víctimas refirió en la pesquisa que Kilo «piensa que somos su propiedad, sus esclavas, que él es nuestro dueño y nos puede hacer cualquier cosa».
El caso llegó a juicio con la acusación del fiscal general de Resistencia, Federico Carniel y el auxiliar fiscal Horacio Rodríguez, con las fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Valeria Torcetta. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini. También intervino el Defensor Público de Víctimas del Chaco, Gustavo Vargas
En septiembre del 2021, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 15 años de prisión a Mambrín: trata de personas agravado por el uso de amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad, pluralidad de víctimas y de intervinientes, en concurso ideal con abuso sexual. También fue condenada Lorena Quintana, como partícipe secundaria del delito de trata de personas.
La defensa apeló la condena hasta llegar a la Corte. Pero el máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo. De esta manera, la condena quedó firme, indicaron este miércoles fuentes judiciales.
Existe una segunda parte de esta causa en donde se investiga la participación de los funcionarios. En marzo del 2023, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado de manera unipersonal por el juez Enrique Bosch, condenó a ocho años de prisión a Roberto Medina, exsubsecretario de Transporte de la provincia de Chaco, por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas agravado por el uso de violencia, amenazas, abuso de la situación de vulnerabilidad, por haber sido más de tres las víctimas y por la participación de más de tres personas en los hechos.
El juez ordenó además que se le inicie una investigación patrimonial al exfuncionario, que se mantengan todas las medidas de protección aplicadas a las víctimas de esta causa y que se le prohíba cualquier contacto por cualquier vía con las víctimas de esa causa.
El tribunal consideró acreditado que Medina participó de una organización que, a través de la asociación civil «No me Olvides», ofrecía becas laborales a mujeres para desempeñarse en dependencias del Estado a cambio de explotarlas sexualmente con funcionarios públicos del gobierno provincial.
Al inicio de la gestión, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunció que en la provincia de Chaco existen redes de explotación sexual vinculadas a referentes de las organizaciones sociales y que muchas mujeres fueron entregadas «a funcionarios del gobierno anterior» que estaba encabezado por el peronista Jorge Capitanich. Citó por ejemplo el caso de Jorge Florencio Bregui, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quien luego de estar prófugo decidió presentarse ante la Justicia y fue detenido acusado de abuso sexual contra dos mujeres de 41 y 21 años en la localidad de La Leonesa. «Es increíble cómo el poder, prostituido, se transformó en un poder aberrante», dijo Bullrich en una conferencia en Casa Rosada.
